Saltar al menú | Saltar al contenido

Área de Personas Colegiadas Acceso de Personas Colegiadas:

En Clave Social

Entrevista

"Es urgente una dotación presupuestaria suficiente, unas leyes claramente sociales y una apuesta por los derechos sociales"

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Emiliana Vicente, es experta en gerencia de servicios sociales, cooperación al desarrollo y evaluación de políticas públicas

.
Compartir en: Twitter Facebook

RAQUEL VILLALÓN

Graduada en Trabajo Social, Máster en Intervención Social y Sociedades del Conocimiento y experta en evaluación, programación y supervisión de políticas de inserción social, Emiliana Vicente preside el Consejo General del Trabajo Social desde diciembre de 2018. Con una experiencia de más de 35 años en servicios sociales municipales en intervención directa y coordinación de centros de atención primaria y especializada, de 2007 a 2011 fue directora general de Servicios Sociales y Cooperación del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid).

Durante los últimos meses, marcados por la pandemia del COVID-19, bajo su mando el Consejo General del Trabajo Social ha mostrado un papel proactivo con todos los colegiados, ofreciendo un gran número de documentación y de formación online. Esta trabajadora social, experta en gerencia de servicios sociales, cooperación al desarrollo y evaluación de políticas públicas, asegura que “elaborar materiales en abierto para su máxima difusión y alcance” ha sido una prioridad para la Junta de Gobierno.

P.- ¿Qué fortalezas y qué debilidades destacaría dentro de nuestro sistema público sanitario y de servicios sociales en un momento como el que estamos viviendo?

R.- La fortaleza de una sociedad radica en el desarrollo de las políticas públicas que se implantan en ella y, en concreto, en el desarrollo del Estado de Bienestar y el avance de sus cuatro pilares (sanidad, educación, pensiones y servicios sociales). Cuando las estructuras sociales se ven afectadas por una crisis como la del COVID-19, se hace más patente la necesidad de seguir reforzándolos.

Sin duda, una de las debilidades de estos cuatro pilares y de la sociedad en general es haber constado el avance de una crisis social acumulada, que tiene como punto de partida las privatizaciones en servicios sociales a partir de 1996, la crisis financiera internacional de 2008 y sus efectos en los recortes sociales de 2012-2013 y el colapso de los sistemas de protección social en el contexto de la pandemia este año. Las desigualdades territoriales y la reducción del peso del sector social en la toma de decisiones a nivel político han conducido a encontrarnos con una situación muy grave y global para que la cual no estábamos preparados.

Las dificultades territoriales y la reducción de las políticas públicas quedaron claramente indicadas en la declaración del relator especial de las Naciones Unidas, Philip Alston, sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en febrero, donde indicaba que España tiene por delante grandes desafíos. Aspectos estos que han venido a agravarse con esta pandemia mundial.

P.- ¿Qué piensa que se puede modificar o mejorar de cara a una posible segunda ola de la pandemia?

R.- Ningún sistema de protección, ni el sanitario ni el social, podría haber imaginado un escenario como el que hemos vivido, no estábamos preparados para atender esta pandemia; sin lugar a dudas esta ha sido la mayor crisis sanitaria mundial de este siglo. El impacto de lo acontecido nos obliga inexcusablemente a una reflexión profunda.

La coordinación sociosanitaria es una necesidad manifiesta de nuestra profesión que debe garantizar la prestación integrada de servicios sociales y sanitarios. El beneficio de esta atención debe estar centrado en la persona y es necesario definir claramente los perfiles de aquellas que necesitan una atención de mayor intensidad y que puedan precisar de un acompañamiento social. Es necesaria la creación de comisiones sociosanitarias formadas por profesionales de la salud, medicina, enfermería y trabajadores sociales.

El trabajo social debe estar en los escenarios de toma de decisiones donde se estén coordinando las medidas de actuación en el ámbito sociosanitario. Podría haberse gestionado con mayor eficacia si esta coordinación estuviera prevista en las estructuras de los hospitales, centros de salud, centros de salud metal, etc.

P.- Y, respecto a la situación de nuestros mayores en las residencias, ¿qué papel juegan las Administraciones en la gestión del COVID-19?

R.- Es cierto que la crisis sanitaria actual ha evidenciado que la situación actual no es la deseable. Es necesario abrir el debate y el análisis hacia un nuevo modelo de cuidados de larga duración, donde las Administraciones tienen un papel esencial y de primer orden que, evidentemente, pasa por una coordinación sociosanitaria estructural para apoyar, contener, facilitar y ser enlace entre el sistema público de salud y el de servicios sociales.

Desde luego, se impone transformar el modelo residencial erradicando los macrocentros, es decir, dejar atrás un modelo institucional del siglo XIX y avanzar hacia un modelo del siglo XXI. Porque el respeto y el reconocimiento social a nuestros mayores se traduce en facilitar y promover la participación en la vida social, política y cultural, evitando una muerte social anticipada a la muerte biológica, mediante el desarrollo de políticas de envejecimiento activo.

De la misma manera el modelo de cuidados de larga duración para las personas mayores, personas con diferentes discapacidades, debe estar basado en un modelo integrado de servicios e intervenciones profesionales, de atención integral en el domicilio, disponer de profesionales suficientes y formados, etc. Por tanto, estamos ante una oportunidad histórica para crear empleo localizado y para diseñar estructuras y recursos más humanizados de mayor calidad en la atención a las personas.

Para ello las Administraciones públicas deben promover programas vertebrados entre los diversos servicios de ayuda a domicilio, servicios de respiro, centros de día, etc., con los servicios sanitarios diseñados y desarrollados desde los centros básicos de servicios sociales. Desde la responsabilidad pública, incluir en las iniciativas posibles lo público y lo privado. Por tanto, crear nuevas propuestas de diseños arquitectónicos y fórmulas organizativas y de gestión lo más similares a la permanencia en el hogar.

Debemos trabajar conjuntamente en el diseño de servicios y recursos estratificados para que este colectivo permanezca en su domicilio el máximo tiempo posible evitando la institucionalización. Y, por supuesto, actualizar una ratio profesional que haga posible la atención centrada en la persona y sus circunstancias, respetando la dignidad de la propia persona mayor, la eficiencia de los servicios sociales y la superación del asistencialismo.

P.- ¿Cómo han podido afrontar los trabajadores sociales el estado de alarma producido como consecuencia de esta crisis sanitaria?

R.- Se ha producido un importante aumento en las demandas de los servicios sociales. El perfil de la demanda es cada vez más complejo y requiere de una respuesta más global e integradora. Los servicios sociales han hecho frente a esta realidad, cada vez con menor financiación y más desigualdades territoriales. Por eso, es preciso hacer una previsión del impacto en el periodo postcrisis, reforzando equipos, ratios profesionales, asignaciones presupuestarias y medidas específicas ante la previsible avalancha de incremento de las necesidades sociales ante esta crisis sanitaria, social y económica.

Una de las mayores fortalezas del trabajo social es que formamos parte de la estructura de la Administración pública, hay trabajadores sociales en los 8.140 municipios del Estado, interviniendo y acompañando los procesos personales y familiares de la ciudadanía, así como colaborando con la Administración más próxima a la ciudadanía, los ayuntamientos. Hay que seguir ahondando en la defensa de la profesión, en la buena labor y ética deontológica de las profesionales y su responsabilidad con la sociedad.

Es urgente una dotación presupuestaria suficiente, unas leyes claramente sociales y una apuesta por defender los derechos sociales. La financiación al sector de lo social en España está muy por debajo de la media de países de nuestro entorno. La exclusión de 1.000 millones vendrá a suponer que las desigualdades, la vulnerabilidad y la pobreza en nuestro país continúen siendo estructurales. Es necesaria una financiación pública con la dotación presupuestaria estable, suficiente y sostenible, convergente con el gasto social europeo.

P.- ¿De qué forma ha agudizado esta situación los problemas que ya venía sufriendo nuestro llamado ‘Estado de Bienestar’?

R.- No podemos olvidar que venimos de una crisis social acumulada, que la situación ya era muy difícil antes de la crisis sanitaria. Existen más de cinco millones de personas en riesgo de exclusión en España y el 5,4% de estos, según EAPN, viven en una situación de privación de las más esenciales necesidades materiales, en la pobreza absoluta. La desigualdad sigue creciendo y eso hace que el Estado de Bienestar esté cada vez más debilitado por su falta de financiación.

Es preciso que, en el marco de la política social, desarrollemos de manera decidida políticas de empleo, garantía de ingresos y acceso a la vivienda que garanticen los derechos sociales. Y considerar la pobreza como algo transversal a toda la política social, en la que todos los sistemas tienen medidas que implementar.

Creemos que es precisa una firme alianza por la defensa del Estado de Bienestar. Consideramos que es la mejor forma de garantizar no solo el progreso social, sino también el económico y político de nuestra sociedad. El Estado de Bienestar ha contribuido a corregir las fracturas sociales, fomentando la igualdad de oportunidades y un crecimiento económico justo y solidario, consolidando una amplia clase trabajadora.

P.- El Consejo General estuvo presente en la Comisión de Reconstrucción Socioeconómica. ¿Cuál es en su opinión el primer paso que debe dar España para llevar a cabo esta reconstrucción?

R.- Desde el Consejo presentamos a todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso un paquete de medidas, las llamadas 'vacunas sociales', para prevenir y mitigar la exclusión social. Medidas que incluyen que los servicios sociales sean reconocidos como un derecho fundamental en la Constitución; es necesario que el Ejecutivo los declare derecho subjetivo, servicio público esencial y de interés general. Planteamos la necesidad de un pacto de Estado por los servicios sociales y la promoción social, como una estrategia estatal mediante una Ley Estatal Básica de Servicios Sociales, ya anunciada por el presidente del Gobierno en julio de 2019. Se precisa impulsar la financiación pública y la prevalencia de lo público.

Saludamos como una medida positiva del Ingreso Mínimo Vital pero debemos seguir caminando hacia una Renta Básica Universal. También una apuesta sin titubeos por la Ley de Dependencia, agilizar todos los procesos administrativos para la ciudadanía, reconocer la vivienda como derecho básico, proteger a los trabajadores y trabajadoras frente a los recortes en derechos laborales, tener como meta la igualdad plena entre hombres y mujeres, acompañar al mundo rural con planes de desarrollo y nuevas tecnologías o apostar por el trabajo social comunitario como una garantía de convivencia pacífica.

P.- ¿Qué balance realizaría de los últimos meses de crisis a consecuencia del COVID-19?

R.- Nuestra mirada debe centrarse en fomentar la inclusión social acompañando e impulsando la reconstrucción de los aspectos sociales y convivenciales de la persona. En este momento de nueva realidad, estamos realizando aproximaciones diagnósticas de situaciones personales/familiares en un contexto social totalmente distorsionado, valorando el impacto de la crisis y analizando el riesgo de vulnerabilidad. Por lo tanto, hoy más que nunca debemos estar al lado de las personas.

Mi balance personal es que esta profesión ha trabajado muy duro, que los y las profesionales han estado a disposición de las personas, las entidades y los servicios. Y que precisamos apuntalar y construir una sociedad más igualitaria y de derechos.

Nuestra profesión está llamada a poner en valor, en todos los espacios y sectores donde trabajamos, a las personas y la relación con su entorno, conformando proyectos inclusivos, de justicia social, participativos y promotores de igualdad y autonomía.

P.- ¿Qué actuaciones cree que se deberían articular ante el anuncio de un posible rebrote?

R.- El Consejo considera que, en este momento, las administraciones deben activar todo su potencial en lo que refiere al ámbito social. Este es también el momento de poner en marcha y de fortalecer nuevos mecanismos de coordinación y colaboración entre las diferentes administraciones: estatal, autonómica, provincial y local, como entre todos los colectivos del tercer sector, poniendo en valor el potencial de la unidad de acción.

Las medidas que se han de tomar habrán de responder a la situación sanitaria, las cifras de casos y las recomendaciones de las autoridades competentes. Pero, sin lugar a duda, consideramos que se han de tener en consideración las medidas sociales que el Consejo presentó a la Mesa de Reconstrucción Social y Económica del Congreso.

Creemos que se hace más necesario que nunca hacer visible la importancia de lo social. De lo que estamos convencidas es de que continuaremos poniendo nuestro mejor criterio para trabajar en el abordaje y denuncia de las cifras estructurales de desigualdad, de pobreza y de exclusión en todas sus formas. Desde los Servicios Sociales, aquellos municipios que han tenido atención presencial y telefónica han atendido mejor las necesidades de sus ciudadanos. Esta profesión debe estar a pie de obra, acompañando los procesos personales y familiares.

Por eso, y garantizando las medidas de seguridad para usuarios y profesionales, consideramos que los centros de servicios sociales deben estar abiertos para la atención a las personas que los requieran.

P.- El Consejo General del Trabajo Social ha tenido un papel muy activo en estos meses en materia, por ejemplo, de formación de los profesionales para hacer frente a esta inusual situación. ¿Cuáles son las perspectivas en materia de formación?

R.- Ante la incertidumbre actual a nivel personal y profesional, debemos aprender de lo que hemos vivido estos meses, aprovechar las nuevas dinámicas y no dejar de escuchar las necesidades de las colegiadas y colegiados. En ese sentido, el Consejo impulsó la creación del Grupo Estatal de Intervención (GEIES) el mismo 16 de marzo, dos días después de haber sido decretado el estado de alarma, con el objetivo de crear recomendaciones, pautas, como herramientas para los trabajadores sociales en el desarrollo de su trabajo ante estas circunstancias.

Los próximos meses se prevén que sigan siendo muy difíciles a todos los niveles, pero muy especialmente para el conjunto de los profesionales de la acción social, donde el trabajo social es columna vertebral y punta de lanza en la prevención de la exclusión y las desigualdades. Hemos trabajado a ritmo de virus, hemos creado más de una treintena de documentos, en los que han participado más de un centenar de profesionales con una amplia representación territorial, culminando con la publicación de dos números recopilatorios de todo este trabajo y esfuerzo de la profesión, bajo los títulos El Trabajo Social ante la Emergencia del Covid-19’ y Actuaciones del Trabajo Social ante el Covid-19’.

Desde esta misma filosofía de socializar el conocimiento, elaborar materiales en abierto para su máxima difusión y alcance, ha sido una prioridad para esta Junta de Gobierno. Ha sido una inmensa satisfacción ver una gran acogida en la formación online que desde el Consejo se ha llevado a cabo durante estos meses. Seguiremos con estas webinar en los próximos meses con temáticas de interés para los compañeros con temas tales como modelos de cuidados, supervisión, trabajo social comunitario, intervención y atención telefónica, etc. 

< Volver
English - Catalá - Galego - Euskera Diseño y desarrollo Web Nétical24 León Política de privacidad | Contacto | RSS