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El Gobierno adopta medidas específicas al determinar los servicios sociales como esenciales ante el COVID-19

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Valladolid y Segovia compartimos el análisis realizado por el Consejo General del Trabajo Social sobre la situación en relación con los trabajadores sociales

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TRABAJO SOCIAL

El Gobierno de España, a través de la Orden SND/295/2020 de 26 de marzo sobre nuevas medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los Servicios Sociales, ha declarado esta actividades como esenciales ante el COVID-19. Corresponde al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y a las autoridades competentes de cada Comunidad Autónoma dictar las resoluciones e instrucciones que sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta orden.


Según la Orden, debido a la situación crítica que está viviendo la ciudadanía y el acceso a los Servicios Sociales, que precisan de una atención ineludible e inaplazable, y ante la grave situación de falta de personal que se está produciendo en los centros y entidades públicos y privados acreditados que proveen de tales servicios sociales esenciales, se hace preciso adoptar una serie de medidas en relación con los recursos humanos de este sector que garanticen la adecuada y debida asistencia. Son medidas dirigidas a proteger el bienestar, la salud y seguridad de los ciudadanos y la contención de la progresión de la enfermedad.


El Consejo General del Trabajo Social considera que hay que mantener la protección social en los cuatro pilares del Estado de Bienestar: Sanidad, Garantía de Rentas y Pensiones, Educación y Servicios Sociales. Unos Servicios Sociales que además en nuestro país tienen una composición que se podría denominar híbrida, donde al conjunto de recursos públicos se incorpora el ámbito del tercer sector y las empresas de servicios, sobre todo en sectores de intervención específica como: menores, adicciones, personas sin hogar, personas con discapacidad, personas mayores, violencia de género, etc.

 

Era prioritario declarar los Servicios Sociales como servicios esenciales, en todo el territorio español, estableciendo protocolos y criterios unificados de intervención ante cualquier situación de crisis o emergencia.


Por otro lado, volvemos a hacer hincapié en que es preciso hacer una previsión del impacto en el periodo postcrisis, reforzando equipos, ratios profesionales, asignaciones presupuestarias y medidas especificas ante la previsible avalancha de incremento de las necesidades sociales esta crisis sanitaria, social y económica para afrontar la llegada a los Servicios Sociales.


La Orden SND/295/2020 es de aplicación a todos los centros y entidades que presten cualquiera de los servicios contenidos en el Catálogo de Referencia aprobado por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el 16 de enero de 2013, con independencia de su titularidad, así como a sus trabajadores cualquiera que sea la naturaleza de su relación contractual o administrativa.
A los efectos de lo previsto en la presente orden, los centros y entidades de titularidad privada tendrán la consideración de operadores de servicios esenciales. El Consejo General del Trabajo Social ya había realizado un análisis sobre lo que se entiende por servicio esencial

 

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, recoge en su artículo 2.7 lo que se entiende por servicios esenciales: "Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas".


Los Servicios Sociales, así como los profesionales, son estratégicos en la atención de la emergencia. Los servicios esenciales comprenden los establecimientos, centros de trabajo y actividades que satisfacen necesidades de la población conectadas con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es decir, todos los efectivos que son necesarios para garantizar el buen funcionamiento del país.


Según esta Orden, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos de competencia en materia de servicios sociales, podrán adoptar en materia de servicios sociales las medidas necesarias para la protección de las personas, bienes y lugares, pudiendo imponer a los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales la prestación de servicios extraordinarios, ya sea en razón de su duración o de su naturaleza.


Estas medidas que se adoptan deberán contribuir a la correcta prestación de los servicios sociales y deberán utilizar de manera racional los recursos humanos disponibles. Asimismo, deberán atender a los principios de necesidad y proporcionalidad:

 

  •  Los centros y entidades de titularidad privada también tendrán la consideración de operadores de servicios esenciales.
  • El personal de los centros y entidades contará con acreditación suficiente expedida por su entidad.
  • Encomienda de funciones distintas de las correspondientes al puesto de trabajo, categoría o especialidad, si bien preferentemente dichas funciones serán similares o análogas a las del puesto que se viene desempeñando y teniendo en cuenta la capacitación profesional.
  • Asimismo, se podrán adoptar medidas de reasignación de efectivos y cambios de centro de trabajo siempre que no comporten la movilidad geográfica del trabajador o trabajadora.
  • Todo el personal de servicios sociales, independientemente de que ya esté prestando sus servicios en la modalidad de teletrabajo u otras, deberá estar disponible para ser requerido en cualquier momento para la prestación de tareas presenciales, con excepción de aquellas personas que se encuentren en situación de aislamiento domiciliario por COVID-19.
  • Afecta también al personal administrativo mínimo imprescindible para el desarrollo de los servicios.
  • Las personas en ejercicio de funciones sindicales deberá reincorporarse de forma temporal para desempeñar sus funciones.
  • Podrán adoptase las medidas que se consideren precisas en materia de jornada de trabajo y descanso, permisos, licencias y vacaciones y reducciones de jornada.
  • IMPORTANTE: Se autoriza, previa valoración por la autoridad competente de la oportunidad de la medida y de la idoneidad del trabajador, a la contratación temporal, a jornada parcial o completa, de personal que se encuentre cursando el último año de los estudios aunque no se halle en posesión del preceptivo título académico o de la habilitación profesional correspondiente.
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Se contemplan medidas presupuestarias con cargo al Fondo de Contingencia y al suplemento de crédito concedido en dicho precepto al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se realizarán las correspondientes transferencias a las autoridades estatales y autonómicas en el ámbito de los servicios sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la financiación de las actuaciones previstas en la presente orden.
Deontológicamente se presentarán deberes que sin estar contemplados en las “funciones habituales” de manera expresa, sí han de contemplarse en estos momentos para cumplir con los fines de los Servicios Sociales.


CODIGO DEONTOLÓGICO DEL TRABAJO SOCIAL


CAPÍTULO III. DERECHOS Y DEBERES DE LOS/LAS TRABAJADORES/AS SOCIALES


C.- RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES


Artículo 34.- Los/las profesionales del trabajo social se han de implicar profesionalmente en los derechos e intereses de la persona usuaria informando, cuando ello sea necesario, a la autoridad competente y a los organismos colegiales acerca de las violaciones de Derechos Humanos, malos tratos o cualquier actuación cruel, inhumana o degradante de que sea víctima cualquier persona de los que tuviere conocimiento en el ejercicio profesional, incluso cuando las personas consientan la situación en la que se encuentran.


Artículo 35.- El/la profesional del trabajo social asumirá los principios de este Código y la promoción de derechos y deberes sociales en las organizaciones y entidades en las que ejerza su actividad, apoyando responsablemente y de manera activa, en la medida de sus posibilidades, los procesos orientados a la mejora de la calidad de los servicios sociales.


Artículo 36.- El/la profesional del trabajo social ha de conocer la normativa, la organización y el funcionamiento de la entidad en la que trabaja, respetando sus objetivos. En caso de que aquellos sean contrarios total o parcialmente a los principios básicos de la profesión, el/la profesional actúe en conformidad con lo establecido en el presente Código. En caso de conflicto entre la dependencia laboral y el respeto a los principios de la profesión que pudieran generar acciones incompatibles con los principios éticos o la calidad o eficiencia profesional en beneficio de la persona usuaria, el/a profesional podrá recabar el apoyo y en su caso el amparo del Colegio Profesional.


Artículo 37.- El/la profesional del trabajo social, para mayor eficacia y eficiencia de las organizaciones y sus servicios, y en beneficio de las personas usuarias y de la comunidad, debe promover la participación en la mejora de las políticas sociales, en la planificación y organización, en los procedimientos y protocolos, en los estándares de calidad y el código deontológico de la institución u organismo donde presta sus servicios.


Artículo 38.- El/la profesional del trabajo social, al informar con regularidad de su actividad a los responsables de la entidad donde preste sus servicios, hágalo dentro de los límites compatibles con la confidencialidad, el secreto profesional y los principios básicos de la profesión, tal y como se desprende de este Código.


Artículo 39.- El/la profesional del trabajo social debe dar a conocer a los/las responsables o directivos/as de la institución u organismo donde presta sus servicios, las condiciones y los medios indispensables para llevar a cabo la intervención social que le ha sido confiada, así como todo aquello que obstaculice su labor profesional.

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